Due Diligence jurídica

En una Due Diligence jurídica, los posibles compradores examinarán todas las cuestiones legales. En particular, examinarán la propiedad de los activos materiales e inmateriales en venta y los principales contratos existentes.

Las interrelaciones entre los accionistas y las empresas operadoras a veces hacen que no sea evidente cuáles son, en realidad, las estructuras legales. Los posibles compradores querrán asegurarse de que la propiedad de los activos necesarios para la empresa que van a adquirir se les vende realmente de forma legalmente segura. Los acuerdos de uso, como los contratos de arrendamiento y los contratos de alquiler, también se examinan en una Due Diligence legal. Dependiendo de sus intenciones con el negocio, puede ser importante para los posibles compradores tener plazos largos; pero también puede ser importante poder rescindir los contratos con poca antelación. Como vendedor, difícilmente puede prepararse para todos los escenarios antes de una venta.

Los posibles compradores examinarán y evaluarán los derechos de propiedad (patentes, modelos de utilidad protegidos, derechos de marca, etc.) y las licencias necesarias para el funcionamiento de la empresa, para asegurarse de que estos derechos de propiedad y licencias se transfieren con la operación empresarial. Es muy importante incluir estos derechos para el negocio en el contrato de compraventa.

Los posibles compradores tendrán especial cuidado en comprobar si la empresa está involucrada en un litigio. Aunque se pueden identificar indicios de litigio en el trascurso de la Due Diligence legal, casi es imposible abarcar todos los litigios emergentes. En este ámbito, la Due Diligence legal está relacionada con la Due Diligence comercial, en la que se pueden identificar, por ejemplo, las reclamaciones, y con la Due Diligence de personal, en la que se pueden detectar los conflictos legales documentados en el empleo. Por lo general, los futuros compradores y vendedores elaborarán una lista de los litigios existentes y emergentes, y el futuro comprador exigirá al vendedor una garantía de que no existen o se pueden identificar más litigios. En caso de que surjan nuevos litigios, el comprador y el vendedor definirán y acordarán de antemano un acuerdo de compensación. Los procedimientos por acuerdos de cártel y corrupción son también un espejo de la cultura empresarial, o al menos del posible comportamiento, para los posibles compradores y un indicador de los costes esperados y del daño a la reputación.

Cualquier imprecisión en los contratos y cualquier indicación de futuras cargas financieras por causas legales suelen ser deducidas del precio de compra por los futuros compradores.

(Acceso a una lista de comprobación para la debida diligencia legal).

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